Blog

Arrendamientos, Noticias

RDL 26/2026: freno a la compra especulativa de vivienda, nuevas reglas del alquiler y prórroga extraordinaria de hasta dos años.

Compra especulativa de vivienda - JDV Iuris Consultants

El Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre (BOE núm. 241, de 30 de septiembre), en vigor desde el 1 de octubre de 2026, limita hasta el 31 de diciembre de 2028 la compra de viviendas a precio de saldo por entidades inversoras, suspende hasta 2030 determinados desahucios de personas vulnerables, endurece el alquiler temporal y permite a los inquilinos prorrogar su contrato hasta dos años más.

 

Del freno de la compra especulativa de vivienda a la limitación extraordinaria de la actualización de la renta 

A continuación repasamos algunas de las partes esenciales del Real-Decreto que se vota hoy en Congreso:

1.- Límite a las adquisiciones especulativas (artículo 1)

Desde el 1 de octubre de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2028, toda entidad, con o sin personalidad jurídica, que incluya en su objeto social la adquisición de inmuebles tiene limitada la compra de vivienda cuando la adquiera a título gratuito o por un precio inferior al 70 % de su valor de tasación de mercado.

La limitación alcanza tanto a viviendas en uso como a viviendas de edificios construidos sobre suelo residencial que cumplan los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad, desde que dispongan de certificado de fin de obra.

La limitación no se aplica cuando la vivienda se destine a:

    • Vivienda habitual a precio asequible o social durante un plazo mínimo de cinco años.
    • Residencia de personas que precisen atención sociosanitaria.
    • Residencia de colectivos socialmente vulnerables gestionada por entidades del tercer sector de acción social.

Tampoco afecta a las adquisiciones derivadas de procedimientos de ejecución tramitados ante los tribunales conforme a la legislación procesal o hipotecaria. El objetivo es frenar la compra especulativa de vivienda.

2.- Suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional (artículo 2)

El artículo 2 crea dos regímenes de suspensión, ambos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2030.

a.- Demandas de entidades que compran por debajo de mercado. Cuando el demandante sea una entidad dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación, con el fin de eludir la función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad (rentas desproporcionadas, reventa o usos no residenciales), y el demandado sea vulnerable y carezca de alternativa habitacional, el tribunal suspenderá el proceso por auto. La suspensión procede incluso si ya hay sentencia, decreto o auto que acuerde el lanzamiento, siempre que este no se haya ejecutado.

b.- Resto de demandantes. Para los demás procesos con demandado vulnerable sin alternativa habitacional, la suspensión que acuerde el tribunal se somete a estas reglas:

    • Se revisa cada doce meses para comprobar si subsisten la vulnerabilidad y la falta de alternativa.
    • Se alza, previa audiencia de las partes, cuando desaparezca la vulnerabilidad, se ofrezca una alternativa habitacional adecuada y efectiva o el demandado la rechace sin causa justificada.
    • Se alza en todo caso a los tres años desde que se acordó.

No procede la suspensión cuando el tribunal aprecie que debe prevalecer la vulnerabilidad económica o habitacional del demandante, salvo que este sea persona jurídica o persona física gran tenedora. Tampoco prevalece la vulnerabilidad del demandado cuando el demandante sea una persona física titular de dos o menos viviendas.

3.- Alquiler temporal: causa acreditable y duración máxima (artículos 7 y 9 bis LAU)

El contrato de vivienda temporal debe recoger expresamente la causa del desplazamiento temporal del arrendatario. La causa ha de ser real y acreditable, y la carga de probarla recae sobre el arrendador.

Si falta una causa de temporalidad debidamente prevista, el contrato pierde su naturaleza temporal y queda sometido al régimen de la vivienda habitual, con efectos retroactivos a su firma.

La duración se pacta libremente, pero debe superar los 31 días y, como regla general, no exceder de doce meses. Solo cabe prorrogarlo por acuerdo expreso dentro de ese máximo, salvo que la causa de temporalidad subsista después.

El contrato se considera de vivienda habitual desde el primero, con plazo mínimo y prórrogas de los artículos 9 y 10 LAU, en dos casos:

    • Cuando dure más de doce meses sin justificación en la causa de temporalidad.
    • Cuando se noven o sucedan más de dos contratos temporales consecutivos entre las mismas partes y sobre la misma vivienda.

4.- Gastos e impuestos repercutibles al inquilino (artículo 20 LAU)

Las partes pueden pactar que el arrendatario asuma los gastos generales del inmueble no individualizables. Los tributos asociados a la vivienda, en cambio, no pueden imponerse al inquilino en ningún caso, salvo que sea él el obligado tributario.

En régimen de propiedad horizontal, los gastos repercutibles son los que correspondan a la vivienda según su cuota de participación. El pacto debe constar por escrito y fijar el importe anual de los gastos a la fecha del contrato; el pacto sobre tributos no afecta a la Administración.

5.- Derecho de adquisición preferente reforzado (artículo 25 LAU)

El arrendatario dispone de 30 días naturales para ejercer el tanteo, desde el día siguiente a que se le notifique fehacientemente la decisión de vender, el precio y las condiciones esenciales.

Si la vivienda se vende junto con otras viviendas, locales o activos, la notificación debe indicar el precio imputado a la vivienda arrendada y los criterios objetivos usados para fijarlo. Los efectos de la notificación caducan a los 180 días naturales.

6.- Documento de finalización del arrendamiento (artículo 36.7 LAU)

Al terminar el contrato, las partes deben dejar constancia escrita del estado de la vivienda en un documento de finalización firmado por ambas.

Si no se firma, o si no recoge desperfecto alguno, se presume, salvo prueba en contrario, que la vivienda se entregó en estado adecuado. Para el arrendador, esto convierte el documento en la prueba clave para retener la fianza.

7.- Prórroga extraordinaria de los contratos de vivienda habitual (disposición final quinta)

El inquilino puede solicitar una prórroga extraordinaria por plazos anuales, hasta un máximo de dos años adicionales, si se cumplen estos requisitos:

    • Contrato de vivienda habitual sujeto a la LAU y vigente el 1 de octubre de 2026.
    • Que antes del 31 de diciembre de 2028 finalice la prórroga obligatoria (art. 9.1 LAU), la prórroga tácita (arts. 10.1 y 10.2 LAU) o la tácita reconducción (art. 1566 del Código Civil).
    • Que el inquilino esté al corriente del pago y lo haya estado mensualmente durante los ocho meses anteriores.

Durante la prórroga se mantienen los términos del contrato. El arrendador debe aceptarla obligatoriamente, salvo que se pacten otras condiciones, se firme un nuevo contrato o haya comunicado, en los plazos del artículo 9.3 LAU, la necesidad real y acreditada de ocupar la vivienda para sí o sus familiares, aunque no lo previera el contrato.

Esta prórroga es incompatible con la del artículo 10.3 LAU, que se aplica con preferencia. No procede cuando las partes acuerden una renovación o un nuevo contrato con una renta al menos un 5 % inferior a la vigente.

8.- Limitación extraordinaria de la actualización de la renta (disposición final sexta)

Para las actualizaciones anuales que venzan entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027:

    • Si la renta supera el límite máximo del sistema de índices de precios de referencia, no procede incremento alguno.
    • En los demás casos, la subida será la que pacten las partes y, a falta de pacto, no podrá superar el 2 %.

Recuerde que un real decreto-ley debe ser convalidado por el Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación (art. 86 CE); conviene seguir su tramitación antes de tomar decisiones. Y ante cualquier duda, contactar con un abogado de derecho inmobiliario como los que te esperan en JDV Iuris Consultants.