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Cuando practicas actividades en la naturaleza como senderismo, escalada o barranquismo, asumes cierto nivel de riesgo. Es verdad que la mayoría de personas que suelen salir al monte y tienen experiencia, van bien equipadas y tienen conocimientos para que no les ocurra nada, aunque la posibilidad de sufrir un accidente siempre esté ahí.

Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que, en determinadas circunstancias, si les ocurriera algo pueden sufrir no solo consecuencias físicas, sino también económicas. ¿Económicas? Efectivamente, las derivadas del uso de los servicios públicos de emergencia utilizados para una asistencia o un rescate en la montaña.

Surge entonces una pregunta inevitable: si sufres un accidente o necesitas ser rescatado por los servicios públicos de emergencia, ¿te cobran siempre por la intervención o solo si se trata de una situación producto de tu imprudencia? Hoy lo analizamos en este nuevo post ya que entramos en un periodo en el que aumentan este tipo de actividades exteriores.

¿Qué ocurre si necesitas de los servicios públicos de emergencia en una salida al monte?

Desde el punto de vista legal, en España no existe una norma estatal única que regule de forma homogénea el cobro de rescates por uso de servicios públicos de emergencia.

Son las comunidades autónomas las que, en el ejercicio de sus competencias, han aprobado normativas específicas que deberías conocer, especialmente si viajas para realizar una actividad de este tipo a otras provincias.

En todo caso, es importante que tengas claro que en la mayoría de CCAA se contempla la posibilidad de exigir el pago de los gastos derivados de un rescate cuando se dan situaciones de negligencia, imprudencia grave o incumplimiento de normas básicas de seguridad.

En términos generales, se considera que puede haber responsabilidad del rescatado y, en consecuencia, cobrarle el servicio prestado en supuestos como los siguientes:

• Acceder a zonas restringidas o claramente señalizadas como peligrosas.
• Ignorar avisos meteorológicos adversos o alertas oficiales.
• Practicar actividades sin el equipamiento adecuado o sin preparación suficiente.
• No comunicar la ruta prevista cuando resulta recomendable hacerlo.
• Provocar la situación de riesgo por consumo de alcohol u otras conductas temerarias.

Cuando se acredita alguna de estas circunstancias, la Administración puede iniciar un procedimiento para reclamar el coste del operativo que puede incluir medios humanos, helicópteros, vehículos y recursos técnicos.

¿Se trata entonces de una multa por actuar negligentemente?

No se trata de una “multa” en el sentido estricto, sino más bien de una tasa o precio público por la prestación del servicio, aunque en algunos casos también pueden imponerse sanciones administrativas adicionales en función de la intervención.

El procedimiento suele comenzar con una notificación formal en la que se detalla el importe y los motivos del cobro. Frente a esta reclamación, tienes derecho a presentar alegaciones y recurrir si consideras que no existió imprudencia o que la actuación fue proporcionada.

Es fundamental aportar pruebas como condiciones meteorológicas reales, estado del itinerario o tu nivel de experiencia.

Si decides no abonar la cantidad reclamada y la resolución es firme, la Administración puede iniciar la vía de apremio, lo que implica recargos e incluso el embargo de bienes o cuentas, como ocurre con otras deudas públicas.

En definitiva, los rescates en montaña no siempre son gratuitos. Actuar con prudencia, informarte adecuadamente y respetar las normas no solo protege tu seguridad, sino que también evita consecuencias económicas que pueden ser muy significativas.

En cualquier caso, si por desgracia te ves en una situación así, recuerda que puedes contar con la asistencia de JDV Iuris Consultants. Te asignaremos un equipo de letrados que estudiarán tu caso y te acompañarán en todo el proceso para aclarar la situación y que esta te afecte económicamente de la menor forma posible.

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