Una de las manifestaciones más características de la masificación del turismo en la Ciudad Condal, es la explotación de alquileres para uso turístico que, en la mayoría de los casos son ilegales, y son perseguidos con gran vehemencia por el Ajuntament, por no contar con la preceptiva licencia de explotación, aunque si bien es cierto, muchas veces, las ganancias obtenidas de la actividad económica, compensan estar expuesto a una multa a pesar de ser cuantiosa.
Las sanciones, en la mayoría de los casos, las sanciones surgen de la aplicación de la Ley 13/2002, de Turismo de Cataluña, en la cual se recoge como infracción muy grave, con multa de 60.000 a 600.001 €, además del cierre definitivo o temporal de la actividad. Estas actividades se detectan mediante el rastreo de las webs de publicidad que las ofertan y luego con el envío de inspectores.
Sin embargo, desde 2017, el Ayuntamiento en vez de seguir con la tendencia sancionadora, se ofrece, en casos tasados, a rebajar la multa un 80%, si le cede el piso para alquilarlo. Los requisitos para que se dé esa situación son: que la cesión sea a la “Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona” para destinarlo a políticas sociales, por un período mínimo de 5 años), siempre y cuando tenga la cédula de habitabilidad, y por último que el dueño tenga un título para disponer de la vivienda.
Este ofrecimiento no es arbitrario, sino que responde a lo que dice el artículo 103.1 de la Ley de Turismo de Cataluña, que dispone que «con carácter previo o simultáneo a la tramitación de un expediente sancionador, puede ofrecerse a la empresa o la persona presuntamente infractora la posibilidad de reparar los perjuicios causados, o de normalizar las irregularidades administrativas en que haya podido incurrir». Es por ello, una medida que agiliza y permite al infractor, a que regularice la situación de la vivienda, evitando si es posible, que caiga sobre él una sanción pecuniaria que, en la mayoría de los casos resulta desproporcionada.