Demanda de incapacitación: Contextos y pasos a dar

La demanda de incapacitación es una medida extrema dentro de un contexto familiar doloroso y complejo. Y lo es porque supone declarar la incapacidad personal a alguien muy cercano que ha perdido la capacidad de obrar pro sí misma. En muchas ocasiones, además, en contra de la voluntad de otros familiares, inclusive del propio incapacitado/a.

Sin embargo, es un proceso judicial que brinda protección administrativa a los bienes de la persona en cuestión, además de velar por su salud y su condición jurídica.  

Una incapacitación judicial por tanto representa una forma de amparar legalmente a quienes no poseen la capacidad de obrar para realizar con plena eficacia y coherencia actos jurídicos, ejercitar sus derechos y/o cumplir con sus obligaciones como ciudadanos/as. Especialmente frente a terceros/as que quieran aprovecharse de su condición vulnerable

Es importante señalar que la demanda de incapacitación se erige sobre un estricto y severo mecanismo de control que recae sobre los familiares, cónyuges o tutores/as, que se encarguen del cuidado del sujeto, precisamente con la finalidad de que no sea perjudicarlo/a, bajo la garantía de que estará protegido/a por la propia ley. Es el propio ministerio fiscal, de hecho, quien se responsabiliza de proteger al incapacitado/a durante el procedimiento y una vez que se declara la incapacidad.   

Toda la información sobre esta figura vamos a profundizarla en este post, de la mano del equipo especializado de JDV Iuris & Consultants.  

Incapacitación judicial: Concepto y por qué es una solución

Una demanda de incapacitación es un proceso judicial en el que se reconoce que un individuo es incapaz de valerse por sí mismo, sea por el padecimiento de una enfermedad u por otras situaciones que afecten seriamente su funcionalidad en su vida diaria. En el procedimiento, por supuesto, el ministerio se encarga de estudiar y establecer el grado y los límites de su incapacidad. 

Son numerosas las consultas que recibimos en JDV Iuris & Consultants de personas que viven con angustia el deterioro de las facultades de juicio de un familiar y que se plantean la demanda por incapacitación. Y es que, gracias a los estigmas sociales, se suele vincular este procedimiento con una acción negativa, pero es un enfoque de la situación erróneo en su totalidad.  

De hecho, la incapacitación judicial se incluye en las herramientas que el  Derecho de Familia pone a nuestra disposición para proteger la toma de decisiones racional y consciente de un familiar. Es una herramienta muy importante por 2 motivos principalmente:

  • Se evita que un tercero utilice la incapacidad de la persona para beneficio propio, manejando por ejemplo su patrimonio con fines personales. 
  • Se asigna un tutor/a que vele por el cuidado de la salud de la persona que no puede autogobernarse. De este modo, se garantiza su atención y protección ante su estado de vulnerabilidad.   

Como veréis, declarar la incapacidad de un ser querido puede ser la solución más viable para evitar que se vulneren sus derechos, como podría ser que sus cuidadores/as (a veces generosos y competentes) utilicen los bienes de esta persona para satisfacer sus propios intereses.

Situaciones más comunes que se dan en la sociedad española   

Existe una variedad de causas que pueden conducir a un familiar o al cónyuge de una persona limitada a solicitar una demanda de incapacitación. Según el artículo 200 del Código Civil, ningún individuo puede ser considerado incapaz, sino por decreto judicial, por motivos derivados a enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que imposibiliten a una persona a autogobernarse. 

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Los contextos más comunes en los que se procede a una incapacitación judicial en España corresponden a las personas mayores, especialmente por las siguientes causas:

  • Carencia total o parcial de autonomía por un problema de carácter social
  • Demencia
  • Discapacidad intelectual
  • Enfermedad física o psíquica
  • Enfermedad neurodegenerativa (como el alzhéimer)
  • Trastorno mental
  • Situación de fragilidad

Conviene precisar que estos inconvenientes no siempre suponen la declaración de una incapacidad. Hay casos en los que, por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica como es la esquizofrenia, quien la padece atraviesa por etapas en la que actúa con sobriedad y es capaz de operar por sí mismo durante un periodo de tiempo. 

Pasos para solicitar una demanda de incapacitación

Lógicamente, si queremos incapacitar a una persona, ésta tiene que padecer alguna enfermedad o deficiencia física o psíquica persistente que lo limite en la realización de sus tareas cotidianas. Es decir, durante el procedimiento se debe emitir una sentencia judicial que acredite la existencia de una incapacidad.

Estos son los pasos a seguir para declarar la incapacitación de un allegado:

  • Tramitar la incapacitación ante el juzgado correspondiente al domicilio de la persona con la incapacidad. En la sentencia se definirán las labores que el incapaz no pueda realizar por voluntad propia, se le designará un tutor/a que lo representará y, además, tendrá que cumplir con un abanico de obligaciones.
  • Se tiene que demostrar al juez/a, mediante la consignación de una variedad de pruebas, que esa persona no puede autogobernarse. De hecho, el propio juez/a dará audiencia al incapaz para comprobar la veracidad del caso personalmente. Eso sí, los informes suministrados por el médico perito son los que tendrán un mayor peso al momento de dictar la sentencia.
  • El tutor/a no manejará deliberadamente el patrimonio y los bienes de la persona incapacitada, por lo que estará obligado/a a presentar cuentas ante el juzgado anualmente.
  • También tiene que rendir cuentas justificadas de la tutela al culminar con la actividad, demostrando que ha administrado correctamente el patrimonio y que no ha usado el dinero del incapacitado/a para beneficio personal.
  • La designación del juez/a no le dará la potestad al tutor/ de tomar decisiones deliberadas para asuntos de mayor relevancia como la venta de un inmueble, cuya titularidad corresponda al incapacitado/a. En estos casos, resulta indispensable una autorización judicial.

Personas que pueden iniciar la demanda de incapacitación

La demanda de incapacitación puede ser solicitada por varias personas que no precisamente deben ser parientes cercanos del incapaz (como cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos). Puede ser también:

  • El propio incapacitado: Está en todo su derecho de hacerlo, una vez perciba que su dependencia total para la ejecución de sus actividades cotidianas es inminente. 
  • El Ministerio Fiscal: Cuando la persona en la disyuntiva que exponemos vive sola, alguien como un vecino/a por ejemplo, puede plantear su caso en el Ministerio Fiscal y éste deberá encargarse de velar por el bienestar físico, mental y patrimonial del incapacitado/a durante y después del procedimiento.

Cómo se designa al tutor/a

Como ya explicamos, el juez/a escogido por el Ministerio Fiscal se encargará de designarle un tutor/a al incapacitado/a, mediante un orden de preferencia establecido por la mismísima ley y que se perfila de la siguiente forma: 

  • El elegido por el/la incapaz: La normativa española estipula una figura llamada autotutela, que le da la potestad a la persona con el problema (aún con uso de sus facultades, por supuesto) de dirigirse a un notario para realizar un poder a favor de alguien de su absoluta confianza, pidiéndole que el escrito siga vigente en caso de que su incapacidad se agrave. Obviamente, dicho documento debe contemplar la asignación de un tutor/a. 
  • El cónyuge
  • El padre o la madre (en caso de ser menores o jóvenes)
  • La persona designada por los padres en testamento
  • El descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez

Este orden de preferencia siempre está sujeto a modificaciones según las características de cada caso o dependiendo de los intereses  del incapacitado/a. Cuando se trata de personas en etapa de senectud  por ejemplo, lo idóneo es que sea un hijo o una hija, porque normalmente el/la cónyuge también es mayor y no está en capacidad para ser designado/a como tutor/a. 

Las obligaciones del tutor/a

En toda demanda de incapacitación es importante que el tutor/a (incluso tutores/a porque puede haber varias personas) designado comprenda cuáles son las funciones u obligaciones que debe cumplir.

  • Cuidar a la persona incapacitada
  • Administrar adecuadamente su patrimonio
  • Ser su representante

Cuando el juez/a designa varios tutores/as, es muy común que una persona se encargue de administrar el patrimonio del incapacitado/a, mientras que la otra vela por su cuidado personal.

Conclusiones

Enfermedades graves y deficiencias físicas o psíquicas son las causas principales de que una persona sea incapaz de obrar por sí misma. En estos escenarios, es común que el incapacitado/a requiera de la asistencia  permanente de un familiar para que le ayude en su cuidado personal y en la administración de sus bienes y patrimonios de manera adecuada.

He aquí los motivos por la que una demanda de incapacitación resulta indispensable; para que los propios familiares o terceros no utilicen la condición de esta persona en pro de satisfacer sus intereses personales. Por consiguiente, es la mismísima ley que se encargará de designar un tutor/a en aras de garantizar su cuidado y monitorear el manejo de los recursos del incapaz después del procedimiento judicial.

Declarar la incapacidad de un familiar, finalmente, es una excelente forma de ampararlo/a legalmente. Si tenéis dudas sobre este procedimiento, en  JDV Iuris & Consultants podéis apoyaros en el conocimiento de nuestros expertos en la materia, para brindaros una asesoría profesional sobre cómo solicitar la incapacitación judicial.

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